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El Gobierno le dio $ 45 mil millones a las provincias peronistas para aprobar las reformas

Política

La sanción del paquete de leyes y reformas fiscales en el Congreso le salió cara al Gobierno. Se estima que el voto positivo de los legisladores que responden a los gobernadores justicialistas le costó al oficialismo unos $ 45.000 millones.

Así por ejemplo, el primer intento del gobierno por aprobar el ajuste sobre las jubilaciones y pensiones, los gobernadores de Salta, Chaco, Entre Ríos, Córdoba y Tucumán –todos peronistas- obtuvieron un total de $ 10.626 millones en obras públicas, sólo para 2018 para aprobar el presupuesto que demandaba el Ejecutivo.

El análisis, publicado hoy por varios medios capitalinos, obedece a las reformas de último momento que debió incorporar en la letra del presupuesto 2018 y de las reformas previsional y tributaria.

De esta manera, si bien oficialismo, si bien engrosó su representación en ambas cámaras tras las elecciones de renovación parlamentaria del 22 de octubre, aún debe pagar el precio de ser minoría en el Congreso. Lo traumático que resultó la aprobación de la reforma previsional en diputados, luego de su aprobación sin problemas en el Senado habría favorecido la posición de fuerza a de los gobernadores peronistas.

Los gobernadores peronistas, que articularon dos bloques propios en el Senado y en la Cámara de Diputados, hicieron valer su apoyo: después de acordar con el Poder Ejecutivo los lineamientos generales de los proyectos que luego se enviaron al Congreso, durante el debate parlamentario sus diputados y senadores redoblaron las demandas para sus provincias.

El gobierno de Mauricio Macri, necesitado de votos, pero, además, escaldado por el trauma que le implicó la sanción de la reforma previsional -se aprobó por apenas 10 votos de diferencia en un clima de inusitada violencia social-, accedió a la mayoría de sus peticiones. Todo ello, en medio de un tenso clima social, con protestas e incidentes fuera del Congreso.

La primera concesión que se les hizo a los gobernadores peronistas fue, justamente, para lograr la aprobación del ajuste de la fórmula con la que se calculan los haberes previsionales.

En virtud del cambio en la fórmula de movilidad, que se aplicará en marzo próximo, el Gobierno se comprometió a pagar una compensación a los jubilados, pensionados y a los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) que cobren menos de $ 10.000 mensuales. Esta compensación le costará al Estado al menos $ 4000 millones.

Aun así, varios diputados peronistas no votaron la reforma previsional y el oficialismo penó hasta último momento para conseguir la mayoría en el recinto.

Más permeables se mostraron, en cambio, durante la discusión del paquete de las leyes económicas y fiscales, que incluyó el presupuesto 2018, el consenso fiscal, la reforma tributaria, la prórroga del impuesto al cheque y la ley de responsabilidad fiscal.

Mientras en el recinto de la Cámara de Diputados se desarrollaba el debate, por el despacho de la presidencia, donde estaba apostado el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, desfilaban gobernadores y legisladores peronistas con los reclamos más diversos. El Gobierno abrió la billetera y las iniciativas se aprobaron, tanto en Diputados como en el Senado, con una mayoría aplastante de votos.

Las mayores concesiones
Las mayores concesiones se observan en la ley de presupuesto. Entre ellas figuran las siguientes:

Obras públicas. Se incorporó una segunda planilla anexa al artículo 11, con más obras plurianuales para las provincias, por un total de $ 10.626 millones, sólo para 2018. La mayoría está destinada a provincias gobernadas por peronistas dialoguistas, como Salta, Chaco, Entre Ríos, Córdoba y Tucumán, entre otras.

Viviendas, agua potable y cloacas. Se incrementó en $ 5014 millones el presupuesto del Ministerio del Interior y Obras Públicas. De ese monto, la mitad será destinada a programas de vivienda en 14 provincias, entre ellas: Córdoba, Salta, Catamarca, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Misiones, Tucumán, Santiago del Estero y La Pampa (salvo esta última, todas gobernadas por peronistas dialoguistas). También se benefició a Mendoza, Jujuy y Corrientes, gobernadas por Cambiemos.

Beneficio a La Rioja. Pese a que sus diputados rechazaron la reforma previsional, el gobierno de Mauricio Macri le asignó a esta provincia $ 2800 millones para el año próximo. Además destinó otros $ 180 millones a la capital riojana, cuyo intendente, Pedro Paredes Urquiza, es aliado del Gobierno y enfrentado al gobernador peronista Sergio Casas.

Cajas previsionales. Una asignación de $ 17.000 millones a las cajas previsionales provinciales. De ese monto se transferirán $ 12.000 millones en 12 cuotas de manera automática a aquellas provincias que no hayan transferido sus cajas previsionales a la Nación.

También se modificaron aspectos claves de la reforma tributaria; por presión del peronismo se dio marcha atrás en la aplicación de ciertos gravámenes, por lo que la recaudación será menor a la originalmente prevista.

En efecto, después de mucha acción de lobby del gobernador de Tucumán, Juan Manzur, y de las provincias del norte, no se subirá al 17% el impuesto interno a las bebidas azucaradas. Son $ 3300 millones que finalmente no recaudará el fisco.

Otro cambio importante se refiere a la aplicación del impuesto a las ganancias a las indemnizaciones por despido y los retiros voluntarios; el proyecto original proponía gravar aquellos montos que excedan los parámetros mínimos de la ley laboral. Fue tal el rechazo de la oposición que el oficialismo suprimió el artículo.

Tampoco pagarán el impuesto a las ganancias las cooperativas y mutuales, otra propuesta del Poder Ejecutivo duramente resistida por las provincias de Santa Fe y Córdoba. También quedarán exentos de este tributo a los reintegros que cobren las pymes exportadoras.

“Este Congreso mejoró los proyectos del Poder Ejecutivo; el Gobierno no logró todo lo que quería, pero avanzó en algunas reformas y los gobernadores se llevaron el reaseguro de su sostenimiento económico”, enfatizó Miguel Pichetto, jefe de bloque de senadores del PJ, durante el debate.

En similar sentido se expresó el diputado Pablo Kosiner, jefe del interbloque Argentina Federal, quien celebró el resultado de las negociaciones. “Fue fruto de un diálogo claro entre la Nación y las provincias”, exaltó.

Voceros del Gobierno, admiten el costo de las negociaciones, pero rescatan que el logro obtenido fue mayor. “Con la ley de responsabilidad fiscal y el consenso fiscal las provincias están comprometidas a bajar el gasto público y su plantel de personal, como así también a reducir los impuestos a los sellos y a los ingresos brutos. Visto en perspectiva, salimos a mano”, sostuvieron.

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