PolíticaDeuda por el Correo: La fiscal acusó a Franco Macri de “mala fe” por una demanda

Tomás Lüders11/02/2017
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Boquin amplió su presentación porque la empresa del padre del presidente litigó contra el Estado, pese a la deuda que tenía

La fiscal que objetó el eventual acuerdo entre el Gobierno y el ex Correo Argentino acusó ayer a esa empresa del grupo Macri de actuar con “mala fe procesal”, tras detectar que inició una demanda contra el Estado nacional por daños y perjuicios por un monto y una tasa de interés mayores a las que propuso para devolverle lo que le adeuda desde hace más de 16 años.

La fiscal Gabriela Boquin acusó además al Correo Argentino de manteneruna conducta desleal” frente al Estado nacional y de ocultarles a los funcionarios judiciales intervinientes en el concurso que había iniciado esa demanda, días antes de celebrarse la audiencia en que se arribó al acuerdo y “mientras se encontraba negociando con el acreedor demandando”, es decir, el propio Estado.

Boquin esgrimió, en esa línea, que la posición del Correo “en este expediente contencioso administrativo [en alusión al de la demanda] convierte en más abusiva aún la propuesta formulada al Estado nacional [en el concurso], pues mientras ofrece pagar a partir del 2018 […] un interés del 7 por ciento anual, reclama al mismo acreedor un interés del 11 por ciento por lo menos hasta el 2009 más los intereses correspondientes (sin determinar tasa) hasta el efectivo pago”.

¿Qué detectó Boquin al revisar ese expediente del fuero Contencioso Administrativo Federal? Que el Correo inició una demanda contra el Estado 15 días antes de la audiencia, para 46 días después de esa audiencia ampliar el reclamo por $ 2364 millones más intereses del 11 por ciento, sin comunicarlo al fuero Comercial. Tanto desde el Gobierno como desde el Grupo Macri, por el contrario, defendieron el acuerdo y ampliaron las críticas contra el primer dictamen de Boquin por considerarlo “erróneo” o, incluso, de “mala fe”, por ejemplo, al considerar que deberían adicionarse intereses a la deuda de $ 296 millones que el Correo no paga desde 2001.

“En la Argentina están prohibidas las cláusulas de repotenciación, indexación y actualización”, indicaron desde el Ministerio de Comunicaciones, y además “el concurso preventivo implica la suspensión del curso de los intereses de cualquier tipo”, indicaron, por lo que estimaron que “es falso que la deuda deba ser computada con intereses, porque un efecto del concurso es justamente la suspensión de los intereses. No hay intereses”.

En su dictamen, por el contrario, Boquin remarcó que la ley establece la “suspensión” de los intereses, no su eliminación y recordó que la propia sala B de la Cámara Comercial que debe resolver el concurso del Correo ya falló en otro caso (“Capital Food”) que una propuesta de pago era “abusiva” si no contemplaba “el pago de intereses posconcursales” e implicaba, en la práctica, una quita adicional. Desde el Correo replican, en cambio, que ofrecieron pagar “el 100% del crédito nominal más un 7% de interés”, lo que equivaldría al 53,33% del crédito original del Estado nacional si se midiera en dólares al momento de su verificación concursal en 2003.

 

El contrapunto entre el Ministerio Público, el Gobierno y el Correo ya derivó en la apertura de tres investigaciones. Por un lado, el juez federal Ariel Lijo y el fiscal Juan Pedro Zoni investigarán en sede penal si se cometieron delitos, mientras que en sede administrativa se iniciaron actuaciones en la Procuraduría de Investigaciones Administrativas -por eventuales conflictos de interés- y, ayer, en la Oficina Anticorrupción, según informó su titular, Laura Alonso, para “analizar los deberes éticos” (ver aparte).

En su dictamen de ayer, en tanto, la fiscal Boquin también criticó esa tasa de interés por considerarla un doble estándar. “Resulta abusivo que al Estado nacional se le pague el 7% anual desde el 2018 o 2019 (según sea la fecha de la sentencia homologatoria, si esta se dictase) y reclame por los mismos conceptos verificados o créditos relacionados a ellos un interés del 11% anual hasta 2009 más la actualización hasta el efectivo pago con los intereses correspondientes”, afirmó, “pretendiendo por un lado no abonar suma alguna por los intereses suspendidos durante el trámite concursal (casi 16 años: 2001-2017) pero reclamándolos para sí en una acción que inicia y prosigue mientras se encontraba negociando la deuda concursal”.

Esa misma demora de 16 años, por el contrario, es otro argumento que esgrimieron ayer desde el Gobierno como desde el Correo para defender el acuerdo. Lo acordado, indicaron desde el Ministerio de Comunicaciones, “quizá sea poco, pero hasta ahora hemos pasado 16 años sin cobrar un peso. Y con esto se cobran todos los pesos adeudados, más un 43 de interés” que se acumularía, según sus cálculos, al término de la cancelación.

En la misma línea, los abogados de Macri en el Correo reclamaron que “este es un proceso que debe encontrar un fin” para ese modo “darle un cierre a este largo proceso concursal”, al tiempo que defendieron los juicios que iniciaron. “El Estado nacional ha usufructuado gratuitamente los activos [del Correo, tras rescindir la concesión en 2004]. Ha sido y es el único beneficiado de la situación concursal del Correo”, plantearon.

Ahora será la Cámara Comercial la que deberá evaluar la validez del acuerdo, aunque Boquin anticipó que, de ser convalidado, apelará a la Corte Suprema, porque consideró que eso lesionaría “el derecho de propiedad de los acreedores”.

 

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