El gobierno Mauricio Macri tiene fuertes acuerdos con varios “gordos sindicales”, entre ellos el todopoderoso y varias veces reelecto titular de la UOCRA Gerardo Martínez, quien a su vez es un fuerte rival del detenido Juan Pablo “el Pata” Medina (jefe del gremio en la ciudad de La Plata).
Sin embargo, según se deja trascender a los medios oficialistas, la caída de Medina –sin dudas un arquetípico jefe-matón sindical– es parte de un “golpe” contra las “mafias sindicales”. “No hay lugar para mafiosos” dijo el propio Macri hace dos días en Mendoza, y lo repitió luego en un foro empresarial.
Al mismo tiempo, trascendió que el juez federal de Quilmes que tiene en sus manos la causa es un juez federal muy proclive a verse influenciado por los vientos políticos y otro tipo de acuerdos poco claros, algo absolutamente distante de la imagen de cruzado que se dejó trascender. Así, Luis Armella es conocido como el “Bonadío Bonaerense” y, de hecho, “saltó” al fuero federal tras frenar una causa de corrupción de manera más que objetable contra el intendente de Malvinas Argentinas, Jesús Cariglino (ver subtítulo “El Bonadío bonaerense”).
Rédito
Así las cosas, el gobierno deja trascender que en el futuro podrían caer otros nombres involucrados en casos de corrupción, extorsión, lavado de dinero o fraude tributario en lo que se presenta como una “cruzada” contra las “mafias sindicales”. No es casual que en la Casa Rosada especulan que la detención del secretario general de la Uocra de La Plata tendrá un rédito político para Cambiemos en las elecciones del 22 de octubre próximo, considerando que tiene en frente a una rival electoral que no puede dejar de admitir la corrupción que fue inherente a su gobierno.
El Presidente fue el primero en celebrar la detención en Olivos. “No hay lugar para comportamientos mafiosos”, dijo Macri en un encuentro con cien empresarios. “Varios creen que tienen derechos especiales que trascienden las leyes de todos los días”, agregó, enfático.
En medio de la euforia, un asesor presidencial citado por el diario oficialista La Nación afirmó que a todo aquel “que no entienda que el Estado de Derecho es lo que ahora se impone le va a pasar eso”.
En la mira está Víctor Santa María (foto 2), jefe del gremio de encargados de edificio, denunciado por operaciones sospechosas. Santa María no es cualquier sindicalista: es el dueño del Grupo de medios Octubre, propietario de Página 12, sin dudas el diario más crítico con la actual gestión nacional, y de posturas claramente kirchneristas.
La detención de Medina se equipara en el Gobierno con la de Omar “el Caballo” Suárez , ex jefe del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU). Ambos fueron acusados de extorsionar a empresas constructoras y a exportadores con peajes que encarecían la actividad.
La Cámara de Industria Aceitera (Ciara) reconoce que el Gobierno desarticuló la mafia de los puertos y redujo costos operativos que beneficiaron a la competitividad. Lo mismo espera el Gobierno que ocurra en la construcción en La Plata.
Por otra parte, funcionarios intermedios de la AFIP confiaron al diario oficialista La Nación que “hay más de 20 gremios investigados” por fraude tributario, facturas apócrifas y lavado de activos bajo secreto fiscal. “Y esto es parte de la estrategia oficial de ir contra las mafias”, agregaron.
Se supo que figuran allí los sindicatos de estaciones de servicio, de Carlos Acuña, uno de los tres jefes de la CGT; el de Camioneros, de Hugo Moyano , y el de gastronómicos, de Luis Barrionuevo. En la cartera de Trabajo bajaron el tono y señalaron: “Pero esas otras son por temas contables menores”.
El juez de la causa
El “Bonadío” bonaerense
Antes de ser juez federal, Armella trabajó en la Justicia de Quilmes, pero en el fuero ordinario: fue fiscal y ocupó cargos en distintos juzgados penales de este partido.
Mientras era fiscal en Quilmes, en 2003, Armella objetó la investigación de su par de San Martín, Luis María Chichizola, por la cual el intendente de Malvinas Argentinas, Jesús Cariglino había sido detenido en noviembre de 2003 por estafa, administración fraudulenta, asociación ilícita y negociaciones incompatibles con la función pública. La instrucción del caso la dio la Procuradora de la provincia de Buenos Aires, María del Carmen Falbo. La causa finalmente se frenó.
Meses después el Poder Ejecutivo Nacional envió su pliego al Senado y, tras la aprobación, asumió como titular del juzgado federal de Instrucción de Primera Instancia de Quilmes en agosto de 2004. En el concurso realizado para cubrir la vacante había quedado en tercer lugar.
En 2008 la Corte condenó a la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar) por el estado del Riachuelo y ordenó al juez Armella, a ejecutar su sentencia. En 2012, una denuncia del diario Página 12 reveló que algunas de las empresas contratadas para el saneamiento del Riachuelo tenían entre sus titulares a familiares del juez Armella.