En el oficialismo descuentan que la ex presidenta no será detenida. Hay un acuerdo implícito entre el macrismo y el PJ, hecho a instancias del jefe del Bloque Justicialista, Miguel Ángel Pichetto (Río Negro), de solo desaforar senadores si hay condena firme en última instancia. Igualmente, el tema será tratado en la Cámara.
Ayer, Pichetto confirmó que su bancada rechazará el desafuero para la detención preventiva pedido por el juez Claudio Bonadio y canceló, así, cualquier posibilidad de que la ex mandataria pueda perder su escaño en la Cámara alta y terminar detenida por el memorándum con Irán.
“Entendemos que no corresponde el pedido de prisión preventiva porque la ex presidenta ha estado siempre ajustada a derecho; acaba de asumir un cargo institucional en el Senado y no creemos que haya presunción de fuga”, afirmó Pichetto, rechazando así la razón de ser del desafuero.
En la misma línea se manifestó su compañero de bancada Rodolfo Urtubey (Salta), que, tras destacar que se trata de “una medida excepcional”, consideró que “la prisión preventiva no es central para la prosecución de la causa” que Bonadio lleva adelante. Tanto Urtubey como Pichetto responden a las líneas del justicialismo que primero abandonaron la “nave k”.
En el oficialismo, en tanto, apostaron por la cautela. “Entiendo que haya mucha ansiedad, pero nosotros tenemos responsabilidad institucional y lo que tenemos que hacer es discutir esto con tranquilidad”, fue la postura esgrimida por Federico Pinedo (Pro-Capital).
“Hay que ver cuáles son los fundamentos del juez para proceder a su pedido”, agregó el presidente provisional del Senado, apegándose a la línea discursiva acordada ayer en una reunión en la Casa Rosada, encabezada por el propio Mauricio Macri.
Proceso en Marcha
No obstante el final anticipado por Pichetto, el proceso de desafuero de la ex presidenta se puso en marcha ayer mismo, poco después de las 18. A esa hora ingresó al Senado el oficio del juez, que fue girado de manera inmediata, como marca la ley, a la Comisión de Asuntos Constitucionales.
Según la ley 25.320, que reglamentó los fueros consagrados por la Constitución, la comisión tendrá que expedirse sobre la procedencia o no de quitarle la inmunidad de arresto a la ex presidenta en un plazo de 60 días a partir del ingreso del pedido a la Cámara. Sin embargo, si transcurridos 180 días no lo hiciere, el desafuero podrá ser discutido en el recinto sin dictamen.
Llegado este caso, la Constitución establece que para quitarle la inmunidad de arresto a un legislador se requiere el voto de los dos tercios de los presentes. Esa fue la mayoría que reunió la Cámara de Diputados en octubre último, luego de que los jueces Luis Rodríguez y Bonadio pidieron el desafuero de ex ministro de Planificación Julio De Vido. Este es el último y más fresco antecedente que se registra en el Congreso.
Foto: La ex presidenta, ayer, en conferencia de prensa junto a dirigentes leales: “Macri encabeza una persecución política”