Con el acercamiento del fin del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, la Justicia Federal comienza a perder su voluntaria “modorra” y activa causas anti-corrupción clave. Bonadío, uno de los magistrados que más rápidamente (pero aún tardíamente) comenzó a actuar procesó ahora a Luciano Di Cesare, titular del PAMI, en el marco una investigación por irregularidades en la suscripción de letras del tesoro.
En tanto, el magistrado decretó la falta de mérito para el ex ministro de Economía, Hernán Lorenzino y el sobreseimiento del ex titular del Banco Central Juan Carlos Fábrega.
Con la plata de los abuelos
Según informó el Centro de Información Judicial, el juez federal porteño, Claudio Bonadio, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nro. 11, investiga a Di Cesare porque el PAMI adquirió, entre 2008 y 2012, Letras del Tesoro por más de $ 2000 millones, cuando no podía hacer frente a la atención de los jubilados por falta de dinero.
En octubre Di Cesare fue llamado y se presentó a brindar declaración indagatoria. Estuvo horas en los tribunales de Comodoro Py, sostuvo que no había cometido ningún delito y dijo que, en todo caso, su denunciante, Graciela Ocaña, había hecho lo mismo.
Bonadio es hoy el juez más resistido por el Gobierno; sobre todo, después de haber allanado las oficinas de los Kirchner en el caso Hotesur (causa que le fue luego quitada para pasarsela al más amigable Daniel Raffecas). En el nuevo auto de procesamiento, Bonadío sostiene: “Con el grado de provisoriedad propio de la etapa instructoria del proceso penal, se entiende que la conducta atribuida a Luciano Alfredo Héctor Di Cesare configura el delito de defraudación contra la administración pública, por administración fraudulenta, por el que deberá responder en calidad de autor”.
“En efecto, el nombrado abusando del cargo que ocupaba, desvió sumas de dinero de las arcas del PAMI, dándoles un destino diferente al que correspondía a sus fines propios y ocasionando, de esa manera, perjuicio en las prestaciones del organismo”, enfatiza.
El delito, señala el magistrado, podría tener una pena de un mes a seis años de prisión según el Código Penal.
“La actividad indicada pudo sostenerse durante un período aproximado de cinco años, como consecuencia de las sucesivas renovaciones y superposiciones de suscripciones de las letras del tesoro, las deficiencias de la contabilidad del Instituto, la laxitud de los controles internos y la imposibilidad de control de las cuentas por parte de organismos externos”, declara.