Se presentaron cuatro denuncias en los tribunales federales, luego de que se conociera la noticia. Investigación preliminar de una fiscalía especializada. Finalmente, luego de no defender el acuerdo (que fue firmado por un subordinado suyo que responde directamente a Macri) el ministro de Comunicaciones, el radical Oscar Aguad, se presentará en Diputados para defender el acuerdo que perjudica al Estado en miles de millones de pesos.
El escándalo
El acuerdo firmado entre el Estado Nacional y la empresa Correo Argentino S.A., que según la fiscalía implica una quita en la deuda de un 98 por ciento, provocó una catarata de denuncias contra los funcionarios del Gobierno que aceptaron una propuesta calificada como “ruinosa” por la Fiscalía Administrativa.
El titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA),Sergio Rodríguez, abrió hoy un expediente, tal como lo había solicitado la fiscal de Cámara del fuero comercial Gabriela Boquín, al entender que el acuerdo alcanzado entre el Estado y el Correo, propiedad de la familia Macri, podría provocar un perjuicio a las arcas oficiales.
Rodríguez solicitó la documentación del caso para abrir una investigación interna con vistas a decidir si se impulsa una denuncia penal, para investigar a los funcionarios que llegaron al acuerdo.
“Estamos analizando todo lo que surge del dictamen, si hubo fraude a la administración pública o si quién actuó en representación del Estado nacional tenía la competencia de hacerlo”, dijo Rodríguez en declaraciones a Radio Nacional. “Puede haber habido algún tipo de tráfico de influencias, no se descarta. Es uno de los temas a considerar”, aclaró.
Denuncias
Mientras tanto, en los tribunales federales de Comodoro Py 2002, se presentaron cuatro denuncias penales en donde fueron acusados el presidente, su padre Franco Macri, el ministro de Comunicaciones, OscarAguad; el abogado Juan Carlos Mocoroa, que depende de éste, el jefe de Gabinete Marcos Peña y hasta el presidente de Boca Juniors, DanielAngelici.
Las denuncias fueron presentadas por legisladores kirchneristas, con la firma de Héctor Recalde, María Teresa García, Eduardo “Wado” De Pedro, Andrés “Cuervo” Larroque, Mayra Mendoza, Josefina Fernández, Luana Volnovich y Rodolfo Tailhade; y por dos referentes de la agrupación Nuevo Encuentro afín al kirchnerismo, Martín Sabbatella y Gabriela Cerruti.
“El Estado Nacional aceptó una oferta que, en lo real, implica condonarlela deuda a Correo Argentino. Con un agravante: se trata de condonarle la deuda a la familia presidencial”, sostuvo la denuncia.
Tras recordar que el Correo Argentino fue de las primeras empresas estatizadas por Néstor Kirchner, los kirchneristas aseguraron que “la familia Macri especula no sólo con pagar la deuda con el Estado para el 2033, sino con ganarle juicios al Estado por la estatización de Correo Argentino y con la misma plata que cobre de ese juicio pagarle al Estado su deuda”.
Desde Nuevo Encuentro, dijeron en sintonía que según ese convenio el Correo pagará “32 años más tarde del momento en que empezó el juicio y “con una quita de 70.163 millones de pesos, que surgen de tomar el plazo y la tasa de interés aceptada por el Estado en lugar de lo que correspondería; o sea, pagarían tres décadas más tarde el 1,18 por ciento de la deuda que debería cobrar el Estado”.
En tanto, otros dos abogados, Ricardo Mussa y Daniel Igolnikov, también presentaron sendas denuncias con distintos protagonistas y delitos: el primero acusó al presidente, su padre, Aguad y Peña por estafa, incumplimiento de deberes y enriquecimiento ilícito, mientras que el segundo apuntó a Macri, Aguad y los funcionarios que intervinieron y lo amplió a Angelici por tráfico de influencias.
El gobierno de Macri y el Correo Argentino -controlado por Socma Americana SA, de la familia Macri- firmaron el año pasado un acuerdo sobre la deuda por 292 millones de pesos que la empresa tiene con el Estado desde 2001.
La fiscal Boquín dictaminó que debía rechazarse la propuesta realizada por Correo Argentino S.A. y aceptada por el Estado Nacional, por entender que era “abusiva” e implicaba un perjuicio al patrimonio estatal, ya que implicaría una quita de más de 4 mil millones de pesos en la actualidad y de más de 70 mil millones a 2033, de acuerdo a los cálculos realizados por la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) de la Procuración General de la Nación.