Desde el vecino país denuncian que no hay voluntad ni judicial ni política para que se avance con seriedad en la causa que involucra a empresarios, funcionarios del presente gobierno y también de la pasada gestión.
La información sobre los sobornos pagados por la firma Odebrecht en la Argentina deberá atravesar una compleja encrucijada político-jurídica antes de desembarcar en nuestro país: se trata sin embargo de una encrucijada que atraviesa la grieta política, porque son tanto los dirigentes kirchneristas como los macristas los interesados en que la información no salga a la luz y alcance los despachos de algún fiscal con relativa independencias.
En este marco, la Procuraduría General de Brasil hizo ayer pública por primera vez su exigencia: el material sólo llegará hasta la Argentina si las autoridades se comprometen a no iniciar procesos judiciales contra los ejecutivos de la empresa que brindaron la información.
En la práctica, la exigencia pronunciada ayer en conferencia de prensa por Vladimir Aras, el secretario de Coordinación Internacional, hace “casi imposible” que se llegue a un acuerdo, confesó una fuente judicial local tras el encuentro que duró poco más de dos horas. La reunión fue tan introductoria que los brasileños ni siquiera llegaron a plantear este requerimiento en el diálogo entre las partes.
Pero el fiscal brasileño fue muy didáctico ante los periodistas. “Voy a poner el ejemplo concreto de lo que ocurrió con Cabo Verde, cuya legislación no permitía el acuerdo de lenidad”, dijo.
“Ellos –(por los argentinos)- pusieron por encima del cumplimiento de las leyes de su país a la convención contra la corrupción de las Naciones Unidas a la que adheríamos ambos países“, afirmó sin bacilar.
Esa convención de la ONU -continuó- permite a los países con problemas en su legislación como Cabo Verde o la Argentina respetar el acuerdo firmado entre Brasil y los empresarios que incluye la cláusula de “lenidad” que garantiza inmunidad judicial para los ejecutivos que pagaron sobornos.
Del lado local, las interpretaciones son diferentes: Sergio Rodríguez, el fiscal que encabezó la delegación argentina, expresó el contrapunto en diálogo con el diario oficialista La Nación: “La convención de la ONU prevé que los países pueden avalar los acuerdos firmados en otros países siempre que respeten su ordenamiento legal interno. Tenemos que analizarlo conforme a nuestras leyes porque el acuerdo que firmaron con Odebrecht no es coincidente con nuestro sistema”.
Después de este desencuentro, los fiscales federales argentinos regresaron anoche a Buenos Aires, a la espera de una convocatoria para un nuevo encuentro en las próximas semanas.
Los fiscales Rodríguez, Borges de Andrada (viceprocurador general de Brasil), Picardi y Stornelli, ayer en Brasilia