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Arranca el debate final sobre la legalización del aborto

Política

ste jueves, finalmente, los senadores debatirán el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo que se aprobó en Diputados. Pero según dejaron entrever los legisladores, la mayoría de la Cámara Alta votaría en contra de la iniciativa.

Luego de tres semanas de debate en las comisiones de Salud, de Justicia y de Asuntos Constitucionales por las que pasaron más de cien expositores que defendieron ambas posturas, el Senado tratará a partir de las 9:30 el proyecto que fue aprobado por la Cámara de Diputados el 14 de junio pasado.

El tema abrió una nueva grieta entre los argentinos: es común ver en el transporte público, en salas de espera, en las plazas y otros lugares a gente portando pañuelos verdes o celestes para pronunciarse a favor o en contra de la despenalización, respectivamente.

Este martes, en la Iglesia de San Cayetano, en el barrio porteño de Liniers, una gran cantidad de feligreses mostraron sus pañueños celestes para mostrar su oposición a la interrupción temprana del embarazo. Hasta el papa Francisco viene arengando a obispos y sacerdotes a militar en contra de este proyecto. Además, el sábado pasado, una multitud se reunió en las principales ciudades del país para manifestarse a favor de las “dos vidas”.

También en la antesala de la votación, el sector que pugna por la legalización del aborto consiguió adhesiones fronteras afuera. Por ejemplo, la actriz estadounidense Susan Sarandon y su colega mexicano Gael García Bernal usaron sus cuentas de Twitter a favor de la iniciativa. Y la edición internacional del New York Times apareció con una página de Amnistía Internacional “pintada” de verde con la foto de una percha –herramienta aún utilizada en abortos clandestinos– junto con  la palabra “Adiós”.

En las afueras del Congreso, se espera la presencia de manifestantes de ambas posturas, quienes se movilizarán para intentar presionar a los Senadores.

La militancia de la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito se desplegará a lo largo de la Avenida Callao desde Corrientes hasta Rivadavia, y además ocupará el corredor comprendido entre Rivadavia y Avenida de Mayo hasta la 9 de Julio. A su vez, un sector concentrará en la 9 de Julio y sus calles adyacentes desde la Avenida Corrientes hasta Avenida de Mayo.

e esta manera, la columna a favor del aborto formará una “U”, aunque en los hechos, desde Avenida de Mayo hacia el norte del mapa será todo territorio “verde”. Las organizadoras estiman una movilización de dos millones de personas, duplicando la convocatoria de la sesión del 13 de junio pasado en Diputados, cuando se logró la media sanción.

Por su parte, el sector autodenominado “provida” tiene asignado el área que abarca desde la Avenida Hipólito Yrigoyen hacia el sur hasta Belgrano, y desde la avenida Entre Ríos hasta la 9 de Julio. El comando de campaña “provida” estima superar la convocatoria del 13J.

En ambos casos, se espera que cada uno de los sectores utilice unos 300 micros para transportar a militantes del Interior del país.

Antesala de la votación

Cómo La senadora kirchnerista Silvina García Larraburu confirmó que votará de manera negativa el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, contrariando lo que se había anunciado que sería el voto unánime del bloque del Frente para la Victoria (FPV), a favor de la iniciativa proveniente de Diputados.

De esta manera, si no se ausenta ningún legislador de los que ya anunciaron su rechazo a la iniciativa, no hay posibilidades de que el mismo prospere.

Es que los votos en contra del texto con media sanción suman 37, lo que representa a la mitad más uno de los legisladores de la cámara. Los votos a favor se redujeron a 31, mientras que la senadora neuquina Lucila Crexell anunció ya hace tiempo que se abstendrá y la puntana María Eugenia Catalfamo está de licencia por estar cursando el octavo mes de embarazo. Y en rigor, de asistir, votaría en contra.

Pese a ello, los impulsores de la iniciativa no pierden las esperanzas de mantenerlo vivo y de lograr su sanción en el corto plazo.

Hay algo que está claro: en caso de aprobarse en el Senado, no se tratará del mismo texto que se aprobó en Diputados. Sufrirá cambios y deberá volver a su cámara de origen para que lo rechace o ratifique.

El problema para los “proabortistas” es que en cinco provincias el rechazo al proyecto es unánime. Se trata de Salta, San Juan, Jujuy, La Rioja, y Santiago del Estero. En el caso de las dos primeras, también se registró unanimidad por el “no” en la Cámara de Diputados.

En cambio, en Chubut y Córdoba el apoyo es unánime. En este último caso, los senadores Laura Rodríguez Machado, Ernesto Martínez y Carlos Caserio fueron los impulsores de las modificaciones.

En este escenario, los impulsores de la iniciativa se fijan en los posibles ausentes del plenario del próximo miércoles. Además de la mencionada Catalfamo, las miradas se posan sobre Carlos Reutemann y Carlos Menem (quienes anunciaron su rechazo al texto) ya que suelen no concurrir a las sesiones, por lo que la presencia de ambos no está del todo confirmada.

El titular del bloque del peronismo, Miguel Pichetto lleva adelante la voz cantante de apoyo al proyecto y es el encargado de negociar los cambios para evitar que caiga la ley. Este fin de semana ese espacio buscó convencer a la neuquina Crexell – quien había avisado que se abstendría-, para que pase al “sector verde”.

Si bien en un principio parecía que el proyecto iba a ser rechazado, la introducción de diversos cambios, como la introducción de la objeción de conciencia institucional y la reducción en cuanto a la cantidad de semanas de gestación habilitadas para la práctica, de 14 a 12 semanas, revitalizaron a los impulsores.

“Vamos a aceptar algunas reformas para tratar de consolidar el voto positivo y salvar la ley. Por la vía de la alternativa cordobesa”, declaró Pichetto, quien consideró que los cambios aceptados “no son significativos”.

Otro de los apuntados por los “proabortistas” es el peronista santafesino Omar Perotti, quien es uno de los dos indecisos.

Perotti aboga por un proyecto alternativo, con cambios más moderados de los ya acordados. Busca adaptar la ley al “protocolo” para la interrupción del embarazo vigente en su provincia, a tono con la acordada de la Corte Suprema de Justicia de la nación sobre las excepciones que se admiten para despenalizar el aborto. Su aceptación es la condición que pone ahora para adherir a esa postura.

El escenario comenzó a cambiar luego de que el senador salteño Juan Carlos Romero confirmara que votará en contra del proyecto, lo que elevó el número a 36, justo la mitad de la cámara.

El sector antiabortista, por ahora, respira tranquilo, ya que en caso de igualdad, le tocará desempatar a la vicepresidenta de la nación, Gabriela Michetti, quien se manifiesta abiertamente contra la iniciativa y “a favor de las dos vidas”.

¿Qué ocurrirá en la votación?

El proyecto de legalización de interrupción voluntaria del embarazo no obtuvo dictamen en la reunión de comisiones. De esta manera, el próximo miércoles 8 de agosto se debatirá en el recinto el mismo proyecto que aprobó a mediados de junio en Diputados, sin modificaciones.

Entre los cambios propuestos para lograr despacho favorable, se propuso una baja de 14 a 12 semanas como límite para la interrupción del embarazo, la inclusión de la objeción de conciencia institucional, la eliminación de penas para médicos que se opongan a la realización de un aborto y la habilitación de la producción pública de misoprostol.

Se necesitaba la firma de la mitad más uno de los miembros del plenario, es decir, 27 de las 53 firmas que integran las tres comisiones por las que pasó el proyecto: Salud, Justicia y Asuntos Penales y Asuntos Constitucionales. El texto obtuvo 26 avales, uno menos de los necesarios. Y, en una jugada política que sorprendió a varios, los opositores no presentaron proyecto de rechazo.

Además, al no haber dictamen de comisión tienen que cumplir otros pasos antes de abrir la discusión. Se necesita la presencia en el recinto de 37 senadores, la mitad más uno de la Cámara para iniciar la sesión.

Y luego, el reglamento del Senado exige que para habilitar el tratamiento de un proyecto sin dictamen se necesita el consentimiento de los dos tercios de los presentes. Según se expresó en la reunión de comisiones, esto no sería un obstáculo.

Recién ahí, la Cámara alta debatirá el proyecto y lo someterá a votación tal cual llegó de Diputados. Si se aprueba, podrán introducirse modificaciones en la votación en particular de cada artículo.

De esta manera, los “proabortistas” deberán luchar primero por lograr la aprobación de la ley original y luego por consensuar los cambios en la votación en particular de cada artículo.

Pero luego esas modificaciones deberán ser aceptadas por Diputados con mayoría de los presentes. Por el contrario, si el Senado lo rechaza, el proyecto no obtiene la sanción completa y recién podría ser tratado nuevamente en el próximo período legislativo, es decir, en 2019.

Puntos destacados de la ley

Antes de la realización de la interrupción voluntaria del embarazo en los casos previstos, se requiere el consentimiento informado de la mujer o persona gestante expresado por escrito. Estas no pueden ser sustituidas en el ejercicio de este derecho.

El texto estipula que tendrán el derecho a acceder a la interrupción en un plazo máximo de 5 días corridos desde su requerimiento.

Realizada la solicitud, el establecimiento de salud debe garantizar a aquellas mujeres o personas gestantes que lo requieran:

a) información adecuada;

b) atención previa y posterior a la interrupción voluntaria del embarazo de carácter médica, social y psicológica, con el objeto de garantizar un espacio de escucha y contención integral; y,

c) acompañamiento en el cuidado de la salud e información adecuada y confiable sobre los distintos métodos anticonceptivos disponibles, así­ como la provisión de los métodos anticonceptivos previstos en el Plan Médico Obligatorio y en el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable establecidos por la Ley 25.673 o la normativa que en el futuro los reemplace.

Las autoridades de cada establecimiento de salud deben garantizar la realización de la intervención sin ninguna autorización judicial previa.

No pueden imponerse requisitos de ningún tipo que dificulten el acceso a las prestaciones, debiendo garantizarse a la mujer o persona gestante una atención ágil e inmediata que respete su privacidad durante todo el proceso y garantice la reserva de la información aportada.

En el caso excepcional de ser necesaria la derivación a otro establecimiento, la interrupción debe realizarse en el plazo de cinco dí­as, siendo responsable de la efectiva realización el establecimiento derivante. Debe ser realizada o supervisada por un profesional de la salud.

El mismo día en el que la mujer o persona gestante solicite la interrupción, el/la profesional de la salud interviniente debe suministrar información sobre los distintos métodos, los alcances y consecuencias de la prosecución de la práctica y los riesgos de su postergación.

Ningún profesional interviniente que haya obrado de acuerdo con las disposiciones de la ley está sujeto a responsabilidad civil, penal o administrativa derivada de su cumplimiento, sin perjuicio de los casos de imprudencia, negligencia e impericia en su profesión o arte de curar o inobservancia de los reglamentos y/o apartamiento de la normativa legal aplicable.

El sector público de la salud, las obras sociales, el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, las entidades de medicina prepaga y todos aquellos agentes y organizaciones que brinden servicios médico-asistenciales a sus afiliadas o beneficiarios independientemente de la figura jurídica que posean, deben incorporar la cobertura integral de la interrupción voluntaria del embarazo.

Estas prestaciones quedan incluidas en el Programa Médico Obligatorio (PMO), como así  también las prestaciones de diagnóstico, medicamentos y terapias de apoyo.

Uno de los puntos que busca negociarse para aprobar el proyecto y que vuelva a Diputados es el de la objeción de conciencia institucional (prohibida expresamente en la media sanción).

De acuerdo al texto de la cámara baja, el/la profesional de la salud que deba intervenir de manera directa en la interrupción voluntaria del embarazo tiene la obligación de garantizar el acceso a la práctica y no puede negarse a su realización.

Sólo puede eximirse de esta obligación cuando manifestare su objeción previamente, de manera individual y por escrito, y la comunicare a la máxima autoridad del establecimiento de salud al que pertenece.

Dicha objeción puede ser revocada en iguales términos, y debe mantenerse en todos los ámbitos, públicos o privados, en los que se desempeñe el/la profesional.

Asimismo, establece que el profesional no puede objetar la interrupción en caso de que la mujer o persona gestante requiera atención médica inmediata e impostergable.

Cada establecimiento de salud debe llevar un registro de los profesionales objetores, debiendo informar del mismo a la autoridad de salud de su jurisdicción.

Se eliminaría, a pedido de diversas instituciones de salud vinculadas a la Iglesia católica, la objeción de conciencia institucional y/o de ideario.

Iprofesional

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