El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, intentó este lunes minimizar el escándalo que se desató al conocerse los puntos que el Gobierno guardaba bajo siete llaves delacuerdo entre las petroleras YPF y Chevronpara explotar el yacimiento de Vaca Muertaen Neuquén, donde se incluía cambios claves en la ley de hidrocarburos y la posibilidad de resolver conflictos judiciales en los tribunales extranjeros de Nueva York y París.
En su habitual conferencia de prensa matutina, el funcionario kirchnerista aseguró que “no hay cláusulas secretas sino cláusulas de confidencialidad” y recalcó que “forman parte de la operatoria típica de esta naturaleza”.
El chaqueño ratificó la “decisión estratégica del gobierno argentino de lograr el autobastecimiento energético”, para lo que fue “clave” la expropiación de acciones de Repsol por parte de YPF, lo que significó “un incremento sustancial en la producción de gas y petroleo convencional y no convencional”.
“Todo lo que contempla el contrato es lo que en forma ordinaria se efectúa en materia de transacciones con empresas multinacionales”, dijo el chaqueño y luego tildó las críticas al acuerdo como una “cortina de humo” de los grupos concentrados.
El fin de semana, los diarios La Nación y Clarín revelaron que el acuerdo Chevron-YPF estuvo condicionado por una serie de exigencias de la empresa norteamericana que el Gobierno debió cumplir para que los capitales extranjeros invirtieran sus dólares en el país.
Los requisitos aparecen incluidos en documentos identificados como “estrictamente confidenciales”, y apuntan a marcar de antemano los plazos de las concesiones, los topes máximos a las regalías que podrían cobrarle las provincias y a tener garantías para poder enviar dividendos al exterior y gozar de una estabilidad tributaria absoluta.
Según los matutinos, el documento establece que las concesiones se otorgarán “por un plazo mínimo de 35 años con una autorización asociada para ceder, en totalidad o en parte,una o varias concesiones a terceros”. Además, fijó que “la tasa de regalías total por la explotación de recursos hidrocarburíferos no convencionales en el marco de las concesionesno superará el 12%” y que “dicha tasa máxima del 12% incluirá, sin carácter taxativo, regalías, impuestos a la producción, impuestos sobre beneficios extraordinarios o pagos basados en el flujo de caja neto”.
Y marcó que “las leyes federales, provinciales y municipales deberán ser eficaces para ofrecer estabilidad impositiva y en las regalías”.
“Deberá conferirse el derecho a exportar la producción de petróleo y gas de yacimientos no convencionales de conformidad con términos y condiciones aceptables, como así también el derecho a mantener en el exterior un porcentaje aceptable de los fondos provenientes de esas exportaciones”, dice otra de las exigencias de la empresa estadounidense.
Además, Chevron exigió fijar la jurisdicción extranjera para resolver cualquier disputa legal con YPF, y estableció una serie de garantías amplias que debía asumir la petrolera argentina ante posibles reclamos de terceros.
Los planteos de la petrolera norteamericana tuvieron una respuesta positiva del Gobierno, que incorporó los pedidos en un decreto y en una ley neuquina, en un decreto presidencial y en la nueva ley de hidrocarburos, por la cual a la empresa extranjera se le otorgó zonas extremadamente ricas en shale gas, sin poner un solo peso.
“Lo de Chevron es parte de más de lo mismo. No hay nada nuevo bajo el sol”, defendió Capitanich este lunes y apuntó que las versiones sobre el asunto provienen “de los mismos opositores de siempre que están financiados por otras petroleras”.
Desde el atril de la Casa Rosada, el jefe de Gabinete de Cristina Kirchner intentó explicar el acuerdo YPF-Chevron. Señaló que “si uno explora y no encuentra nada, pierde todo lo que invirtió, pero si encuentra un yacimiento que garantiza el repago, tiene que tener un horizonte de carácter temporal para garantizar la recuperación de la inversión”.
“En ese contexto todo lo que contempla el contrato es lo que en forma ordinaria se efectúa”, dijo el chaqueño con su habitual estilo enrevesado.
E insistió en que la denuncia es en realidad “una cortina de humo para otras cuestiones que inexorablemente pretenden ocultar”. Misterioso, incluso señaló: “En este oficio nos conocemos todos. Sabemos cómo funcionan las operaciones de prensa”.
Luego, el funcionario comenzó a enumerar una serie de temas a los que, en su opinión, los medios no dan suficiente cobertura: “Nadie dice nada respecto al convenio que ha suscripto la Argentina con Suiza, gracias al que se han identificado 4.000 cuentas, de las cuales solo 123 están declaradas. Y tampoco nadie dice nada de la Comisión Bicameral (en el Congreso) que hay que crear sobre sobrefacturación de importaciones y subfacturación de exportaciones”.